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El Gobierno acepta abrir competencias del Inem a las ETT (El Mundo 01-02-10)

Trabajo negocia con los agentes sociales nuevas funciones para la iniciativa privada

La reforma laboral en ciernes tendrá más facetas que el polémico coste del despido. Un mercado de trabajo en el que vagan casi cuatro millones de parados es un reto para los servicios públicos de empleo y un apetitoso bocado para las ETT (empresas de trabajo temporal). La patronal del sector quiere que agencias privadas ayuden a los desempleados a encontrar trabajo y el Gobierno, por boca del ministro Celestino Corbacho, ha dicho que está de acuerdo.

Pero no piensan lo mismo los sindicatos, que sí coinciden con sus interlocutores del Diálogo Social en reclamar más recursos para los servicios públicos de empleo, el Inem y los organismos autonómicos, pues el aumento del número de parados, y por tanto de las prestaciones que deben gestionar, los ha desbordado.

Según AGETT, la asociación que agrupa a las cuatro grandes ETT españolas, los servicios públicos de empleo sólo intermediaron en el 2,1% de las contrataciones que se formalizaron en 2008. Las ETT lo hicieron en un 13,9%, casi siete veces más. Y son las ETT las que quieren ampliar su radio de acción para convertirse en agencias de intermediación laboral. Con ese objetivo, reclaman al Gobierno la supresión de los límites que las leyes imponen a estas empresas, que ahora no pueden gestionar contratos indefinidos y tienen vetado trabajar para las administraciones públicas y en sectores con actividades de riesgo, como la construcción y la sanidad.

«Esas restricciones no existen en ningún otro país europeo», asegura el presidente de AGETT, Francisco Aranda, excepto en Grecia, Noruega y Luxemburgo. Su meta es, explica, colaborar -pero también competir- con los servicios públicos y ofrecer al desempleado español dos posibilidades gratuitas para encontrar trabajo, como las tiene el francés, por ejemplo. «Si se le quita una, quien pierde es el trabajador», se lamenta.

La intención de Corbacho: que el Estado mantenga la capacidad de supervisión y expida las correspondientes autorizaciones. A juicio de Aranda, los beneficios de la intervención privada en la búsqueda de empleo no ofrecen dudas, puesto que el 70% de los trabajadores a los que atienden las ETT españolas pertenece a colectivos de difícil inserción laboral, es decir, jóvenes, mujeres y mayores de 45 años. «Quien peor lo tiene viene a nosotros», resume. En el primer trimestre de 2009 acudieron a las oficinas privadas de empleo más de 1,2 millones de parados, un 132% más que el año anterior. Casi la tercera parte de los desempleados registrados en España. El 42,3% recurre a los servicios públicos.

«Lo que habría qué preguntarse es por qué en España hay un ratio de 400 parados por cada funcionario de los servicios públicos de empleo mientras que en el resto de Europa es sólo de 60», se queja el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer. Según las cuentas de AGETT, las ETT españolas tenían en 2008 un total de 1.600 oficinas, mientras que las de los servicios públicos de empleo se quedaban en 715.

Sin embargo, tanto UGT como CCOO precisan que introducir agencias privadas en la intermediación «no es una prioridad». «No nos negamos a discutirlo, pero no es para nosotros un tema central. Hay de plazo hasta diciembre de 2011 para aplicar la directiva de la UE sobre las ETT [que obliga a revisar las restricciones a estas empresas]», explica la secretaria de Empleo de CCOO, Paloma López, que rechaza en cambio la baja eficacia de los servicios públicos de empleo. «No es cierto que intermedien más las privadas porque no se utilizan los mismos criterios para medir a unas y otras. Si se usaran, los resultados serían similares».

Fuente: Diario El Mundo, dia lunes 1 de febrero de 2010